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El delito cometido por Onesta Reyes, una inmigrante de origen italiano de unos 55 años de edad, podría provocar que se cambien las normas de deportación y se ponga en riesgo a miles de inmigrantes con Residencia legal permanente (Greencard) que hasta ahora no corrían se peligro. La última palabra sobre este caso la tiene el fiscal general, William Barr.

La mujer confesó que en abril de 2014 robó $ 316,000 de la empresa donde trabajaba como contable para comprar ropa, zapatos y algunas joyas en Macy’s y otras tiendas, según un despacho de The Associated Press.

Valiéndose de su posición en la empresa, Reyes accedió al sistema de nóminas e incrementó su salario de $ 49,000 anuales a $ 240,000; además de embolsarse otros $ 89,000 en gastos falsos. No conforme con esto, la mujer creó un perfil falso de una empleada a la que pagó $ 23,000, los cuales fueron retirados por ella misma en realidad.

Onesta Reyes fue condenada en julio de 2014 a una pena de uno a tres años de prisión por el delito de robo de propiedades ajenas por un valor de entre $ 50,000 y 1,000,000, que en Nueva York es considerado un delito de categoría C.

obtener la Green card

Luego de pagar su condena, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó que la mujer con residencia permanente en Estados Unidos, fuera deportada bajo el delito grave de robo. Sin embargo, la mujer presentó una apelación y un juez migratorio falló en su favor en julio de 2015.

El tribunal consideró que el Gobierno Federal (siendo Barack Obama el presidente), no había probado suficientemente que la mujer hubiera cometido un delito grave en términos legales como para someterla a un castigo adicional de deportación.

El caso fue pasado a la jurisdicción de la entonces Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la agencia ante la cual se podían apelar para ese momento las decisiones de un juez migratorio. La Oficina y le tribunal forman parte del Departamento de Justicia, por lo que están bajo las órdenes del fiscal general de la nación quien tendrá la última palabra.

En abril de 2019, la Oficina Ejecutiva decidió que Onesta Reyes no fuera deportada, ya que este delito era considerado grave bajo la ley federal, pero no por la legislación de Nueva York. La legislación estatal no incluye el robo entre los delitos que acarrean la deportación de un inmigrante, después de ser entregado a ICE.

Los 170 delitos considerados graves en la ley promulgada en noviembre de 2014, incluyen causar lesiones a otra persona en un accidentes automovilístico por imprudencia, amenazar con un arma mortal a alguien o acosar por teléfono o correo electrónico y la posesión de marihuana para consumo personal.

El fiscal general decidirá qué hacer en estos casos

El delito de robo que cometió la mujer inmigrante, no figuraba en ese listado. Por lo tanto, la Oficina Ejecutiva tuvo que ordenar que su deportación fuera paralizada. Como se sabe, estas decisiones ejecutivas crean jurisprudencia y todos los jueces de migración deben seguir su dictamen en otros casos similares.

Pero en este caso, el fiscal general William Barr decidirá qué hacer en estos casos. El dictamen del fiscal crearía jurisprudencia y sería de obligatorio cumplimiento por los jueces migratorios y la Oficina Ejecutiva en casos similares de ahora en adelante.

Al juzgar por la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump con los inmigrantes, es probable que el fiscal decida optar por la deportación de los extranjeros titulares de una Green card que cometan un delito similar. Si bien el estado donde reside el inmigrante puede no considerar el delito tan grave como para deportarlo, en cambio el Gobierno federal sí.