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La medida implementada por el Gobierno federal tendiente a negar visas a los inmigrantes que no puedan disponer de un seguro de salud en Estados Unidos, fue negada por un juez federal en Oregon.

El dictamen del juez Michael Simon dijo que la medida dictada por el presidente Donald Trump “que exige a los inmigrantes legales entregar pruebas de seguro médico antes de que el Departamento de Estado emita una visa es incompatible con el INA” (Ley de Inmigración y Nacionalidad).

El mismo juez ya anteriormente había prohibido de manera temporal que la administración implementara esta política. Pero ahora su tribunal ha emitido una orden judicial preliminar de carácter nacional que estará vigente hasta que el caso se resuelva.

 

La medida del gobierno exigía a los solicitantes de visa la verificación previa relacionada con la protección de un seguro de salud, que debía estar aprobado en los siguientes 30 días después de aprobarse su entrada en los Estados Unidos.

El seguro de salud privado debe incluir planes de cobertura familiar pagados por el empleador, al igual que planes de salud individuales sin subsidio y planes a corto plazo. El inmigrante no puede además recibir subsidios de los programas de Medicaid o de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Según la política del gobierno, los solicitantes de visa deben demostrar que si no están protegidos por un seguro deben entonces disponer de los medios necesarios para “pagar por los costos médicos razonablemente previsibles”. Para muchos inmigrantes con recursos económicos limitados, esta medida se convierte en un obstáculo.

El juez Michael Simon tomó su decisión después que se presentó una demanda contra la medida de la administración Trump en la cual se considera que esta política supone una nueva forma de “separación familiar”. Quienes presentaron la demanda, argumentaron que la imposición de esta barrera a miles de inmigrantes, solo podría generar la separación de personas que emigran por medio de visas patrocinadas por familiares.

trump cabinet meeting

En un comunicado, la abogada de Justice Action Center, Esther Sung, quien actuó en representación de los demandantes, dijo estar “muy agradecida por este fallo judicial que mantendrá a las familias juntas y permitirá que otras se reúnan”.

Agregó la litigante que “Esta decisión es un control importante sobre los esfuerzos de la administración Trump para reescribir las leyes de inmigración y atención médica de nuestra nación violando los límites establecidos en la Constitución”.

Al menos el 75 % de los 27,4 millones de personas menores de 65 años que no contaban con una póliza de seguro en EE.UU para 2017, eran ciudadanos estadounidenses, según cifras de la Kaiser Family Foundation.