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La regla emitida por la administración del presidente Donald Trump que entraría en vigor el domingo 3 de noviembre, fue suspendida por un juez federal de Portland, Oregón. La norma exigía que ciertos inmigrantes deben probar antes de recibir una visa de residencia en estados Unidos, que tendrían un seguro médico o pueden costear su atención sanitaria.

La orden de restricción temporal emitida por el juez federal de distrito, Michael Simon, impidió que la regla pudiera aplicarse; aunque todavía no está claro si posteriormente el juez se pronunciará sobre el fondo de la norma.

La medida judicial fue adoptada luego que 7 ciudadanos estadounidenses y una organización civil presentaran el 30 de octubre una demanda federal en la que argumentaban que la regla de Trump constituía un obstáculo para casi dos tercios de los inmigrantes, que tienen posibilidad real de obtener un estatus legal en EE.UU.

Además, la demanda sostenía que esta norma produciría una reducción o eliminación a gran escala del número de personas que ingresan a EE.UU como inmigrantes con visas de familia concedidas legalmente.

El presidente Trump firmó esta regla en octubre y se aplicaría a quienes buscan una visa de inmigrantes desde el extranjero. La regla no afectaría a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos, tampoco a los residentes legales permanentes ni a los solicitantes de asilo o refugio y a los niños.

Según la regla federal, los inmigrantes que no logren demostrar que tienen una cubertura de seguro de salud en los siguientes 30 días a su ingreso al territorio estadounidense o, que poseen los suficientes recursos financieros para costear los gastos médicos en caso de una enfermedad, no pueden ingresar al país.

La abogada del Centro de Acción de Justicia, Esther Sung, quien participó en la audiencia celebrada el pasado sábado en representación de los demandantes, declaró: “Agradecemos mucho que el tribunal haya reconocido la necesidad de bloquear de inmediato [esta regla]”.

Esta regla forma parte de la política de la administración federal para limitar el acceso de los inmigrantes a los programas de salud públicos. El gobierno del presidente Trump considera que la inmigración debe estar basada en méritos y no en el modelo migratorio basado en la familia únicamente.

Según un comunicado emitido por la Casa Blanca muchas personas extranjeras se aprovechan de los “generosos programas de salud pública” de Estados Unidos y los inmigrantes eran parte del problema de los “costos de atención médica no compensados”.

De acuerdo con la regla gubernamental, el seguro médico puede ser adquirido de forma individual o puede ser proporcionado por un empleador, siempre que garantice la cobertura de enfermedades a corto plazo o lesiones catastróficas.

Los inmigrantes que han usado alguno de los programas sociales o usan los subsidios federales previstos en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, para contratar un seguro médico, no pueden adquirir una visa.

Cifras aportadas por el Instituto de Políticas de Migración, el 57% de los inmigrantes de EE.UU contaban con un seguro médico privado para 2017, mientras que los asegurados estadounidenses llegaban al 69%. Por otro lado, el 30% de los inmigrantes recibía atención médica pública, en comparación con el 36% de nacidos en EE.UU.

Entre 2013 y 2017, la proporción de inmigrantes sin seguro bajó del 32% al 20%, desde que se implementó la Ley de Atención Asequible. En Estados Unidos cerca de 1,1 millones de extranjeros obtienen cada año la residencia permanente o tarjeta verde (green cards).

El director de litigios federales en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, Jesse Bless, dijo que “Hoy varios miles de personas en todo el país pueden dar un suspiro de alivio porque el tribunal reconoció el daño urgente e irreparable que se habría infligido [si no se hubiera frenado la nueva norma de la Administración Trump]”.

Y agregó que “esta norma separaría permanentemente a las familias y perjudicaría a los empleadores. Es una clara violación de la Constitución. El presidente simplemente no tiene autoridad para reescribir la ley por proclamación”.

En una nota de prensa, la Casa Blanca rechazó “la decisión de una corte de distrito de imponer una orden a nivel nacional contra la política del presidente, de forma preliminar y urgente durante el fin de semana, sin ni siquiera permitir al Gobierno la oportunidad de proporcionar una defensa por escrito”.

La política inmigratoria adoptada por el gobierno federal desde principios de año, ha tratado de limitar la asistencia médica y pública en general a los inmigrantes, estableciendo regulaciones y condicionamientos a quienes solicitan visas de inmigrantes, pero las cortes federales han frenado estas medidas.