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Varios jueces de inmigración de San Diego (California) en lugar de enviar a los inmigrantes de vuelta México, luego de llegar a la frontera con Estados Unidos y solicitar el asilo, están procesando sus solicitudes en abierto desafío a la política inmigratoria del Gobierno de Donald Trump.

La ley de Inmigración de EE.UU ordena que las solicitudes de asilo de inmigrantes que llegan hasta la frontera deben ser admitidas. El único requisito es que los solicitantes de asilo no hayan pasado durante su travesía por un “tercer país seguro” en el cual hubieran podido solicitar protección.

Este año, Guatemala, Honduras y El Salvador, además de Canadá, han firmado acuerdos con los Estados Unidos como “tercer país seguro”. Aunque el presidente Donald Trump solicitó a su par de México Andrés Manuel López Obrador firmar un acuerdo similar, este se negó.

Sin embargo, el mandatario mexicano aceptó recibir a los inmigrantes centroamericanos que solicitan asilo en EE.UU para que esperen allí mientras reciben respuesta de las autoridades estadounidenses, presionado por la amenaza de Trump de imponerle a México fuertes aranceles económicos.solicitantes de asilo a México

Bajo la regla del “tercer país seguro” establecida por EE.UU, que entró en vigencia en enero y se amplió en junio, unos 60 mil migrantes han sido devueltos a México. El acuerdo bilateral suscrito entre México y Estados Unidos se le conoce como Remain in Mexico (que significa Quédate en México).

Gobierno viola los derechos de los inmigrantes según los jueces

Los nueve jueves de inmigración de San Diego entre enero y septiembre de este año han cerrado un tercio de los 12,600 casos que ha llegado a sus cortes y han resultado afectados por este programa, de acuerdo con cifras que maneja el Centro TRAC de la Universidad de Syracuse.

En lugar de devolver a los migrantes a México para esperar respuesta allí por una respuesta a sus peticiones, como dicta la regla del gobierno, los jueces procesaron los casos. El retraso en el procesamiento de casos en las cortes de cortes de inmigración ya se eleva a más de un millón de expedientes acumulados.

Por esta razón, la espera de los migrantes se puede prolongar por años hasta que finalmente los jueces de inmigración decidan si aceptan o no las peticiones de asilo presentadas. Antes de entrar en vigor la regla del tercer país, los migrantes que lograban llegar a la frontera con México podían permanecer y trabajar en EE.UU, pero ahora deben aguardar en México.

A diferencia de los jueces de San Diego, los magistrados de El Paso, Texas, donde están los tribunales que reciben más peticiones de asilo, apenas cerraron el 1% de los 14,000 casos de inmigración pendientes. El resto de los migrantes centroamericanos fue devuelto a México, según indicó The Wall Street Journal.

En sus resoluciones, los jueces de San Diego han dictaminado que la política del gobierno federal viola el derecho de los solicitantes de asilo al debido proceso al obligarles a esperar en México.

Además, se argumenta que los solicitantes de asilo tampoco tienen la oportunidad de ser notificados adecuadamente para que se presenten en la corte y difícilmente pueden enterarse de que sus casos han sido desestimados, a menos que logren comunicarse con el respectivo tribunal o con una agencia del gobierno.

Si bien cuando el juez decide concluir un caso, esto no quiere decir que el inmigrante puede permanecer en territorio estadounidense. Sin embargo, si logra con ello evitar la prohibición de entrada al país durante 10 años. También dificulta su procesamiento criminal en caso de que vuelva a cruzar ilegalmente la frontera.

La decisión de los jueces de San Diego, ha sido recurrida por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Los abogados de ICE actuando en representación del Gobierno, apelaron esta decisiones ante un panel del Departamento de Justicia (órgano al cual están adscritos los tribunales de inmigración), alegando que es erróneo el cierre de estos casos.

Según la profesora de Leyes en la Universidad de Texas, Denise Gilman, el criterio de los jueces envía un mensaje de que algunas de las actuaciones del Gobierno no estarían cumpliendo con los estándares legales mínimos.